La reciente entrevista del periodista Carlos Vera a William Murillo, director ejecutivo de 1800 Migrantes, cuyo enlace incluyo al final de este artículo, además de reflejar las dificultades que enfrenta la comunidad migrante en el exterior —cuyas remesas son fundamentales para sostener la dolarización—, pone en evidencia la necesidad urgente de una reingeniería del Servicio Exterior ecuatoriano.
Como se desprende de la entrevista, Ecuador no cuenta con los recursos económicos ni humanos para atender de forma efectiva todos los servicios que requiere la comunidad migrante en el exterior. Es una situación que no cambiará sin un mejor uso del talento humano y de los recursos del Estado.
Lo que se cuestiona no es solo la eficiencia consular: es la ausencia de una visión estratégica de política exterior en relación con los migrantes, apartada de la tradicional lógica paternalista y clientelar propia de países con débil institucionalidad. Esa responsabilidad corresponde a las instituciones y autoridades competentes del Estado. Sin esa visión y ese liderazgo institucional, ninguna mejora operativa será suficiente.
El eje fundamental de una política migratoria inteligente debe ser la integración: que el migrante ecuatoriano se convierta en un ciudadano pleno de la sociedad que lo acoge, con acceso a sus instituciones, sus servicios y sus redes, y con capacidad de acumular capital social en ellas. Ese es el sentido de la “Diplomacia de la Diáspora”.
Para lograr este objetivo se requiere, además, un perfil diferente de quienes se desempeñan en el área de movilidad humana en el exterior. Se necesitan funcionarios con vocación genuina de servicio social, comprometidos con la integración, libres de agendas políticas, clientelares o personales. Esta reingeniería debe incluir una revisión rigurosa de idoneidad: quienes acumulan denuncias, cuestionamientos éticos y antecedentes de conducta incompatible con la función pública no pueden seguir representando al Ecuador en el exterior, particularmente ante la comunidad migrante, caracterizada por su situación de vulnerabilidad, como lo he señalado en artículos anteriores, informes, denuncias y propuestas de reforma que he presentado ante la Cancillería.
Esta depuración es aún más urgente cuando se trata de la protección de los derechos humanos de las personas en movilidad. Las denuncias realizadas por el directivo de 1800 Migrantes sobre niños migrantes desaparecidos y otros episodios de tratos inhumanos son demasiado graves para ser pasadas por alto. Muestran hasta qué punto un Estado sin un servicio exterior profesional y responsable pone en riesgo no solo la dignidad, sino incluso la vida de quienes deberían estar bajo su protección. Un país que no garantiza verdad, justicia y reparación en estas situaciones, ni exige responsabilidad a las instituciones competentes, incumple su obligación de proteger a sus ciudadanos en el exterior, particularmente a los más vulnerables.
Pero la reingeniería debe también reconocer una realidad que pocas veces se menciona: los funcionarios consulares trabajan con sobrecarga de múltiples tareas, en un contexto
de insuficiencia de personal en las misiones en el exterior, sin límites de horario, en muchos casos durante fines de semana y con vacaciones no siempre reconocidas, y con salarios modestos, particularmente en el caso de los funcionarios locales.
Esta situación hace necesario fortalecer el recurso humano del servicio exterior, incrementando el número de funcionarios en las misiones, acorde con las demandas reales de atención a la comunidad migrante. Como bien se señala en la entrevista, se organizan consulados móviles, en ocasiones en la misma ciudad donde se encuentra la sede consular o a poca distancia de ella, para atender a un número reducido de personas, reproduciendo inercias burocráticas que generan un cumplimiento aparente más que resultados efectivos. Se trata de prácticas que desgastan a quienes trabajan con compromiso, sin traducirse en mejoras reales para los migrantes.
Esta realidad merece un debate serio para la construcción de una nueva política para los migrantes ecuatorianos en el exterior: una reingeniería del Servicio Exterior que, como he planteado en mi Propuesta de Reforma del Servicio Exterior Ecuatoriano, abarca diversas áreas estratégicas —institucionales, de gestión, de política exterior y de movilidad humana— y que debe sustentarse en pilares claramente definidos. Entre ellos, el restablecimiento de la justicia institucional y la meritocracia en el talento humano; el fortalecimiento en recursos económicos, innovación tecnológica y especialización de la actividad diplomática y consular, con vocación genuina de servicio a poblaciones vulnerables; y la adopción de un enfoque renovado basado en la “Diplomacia de la Diáspora”, que complemente y supere la ineficiente política paternalista y clientelar, orientando la acción del Estado hacia la integración efectiva de los migrantes en las sociedades de acogida y la defensa de sus derechos humanos.
Libre Ecuador 