Estigmatización, integración y responsabilidad institucional: a propósito del caso Val Varenna

El artículo publicado recientemente por Genova Quotidiana sobre la reunión entre representantes del Municipio, las fuerzas policiales italianas y el Consulado General del Ecuador en Génova, convocada tras los incidentes ocurridos en Val Varenna, merece una reflexión crítica.

Bajo el título “Degrado e tensioni (non solo) in Val Varenna, il Comune percorre anche la via diplomatica con il Consolato dell’Ecuador”, la nota establece una relación entre un hecho violento ocurrido el 17 de julio y la numerosa presencia de la comunidad ecuatoriana en la ciudad. A partir de esa asociación, presenta la intervención del Consulado como un mecanismo para promover la convivencia y prevenir conflictos vinculados al uso de los espacios públicos, sin aportar datos, estadísticas ni evidencia empírica que justifiquen extender la responsabilidad de lo ocurrido a una colectividad integrada por decenas de miles de personas.

Las informaciones disponibles sobre lo ocurrido en Val Varenna describen a los implicados como un grupo reducido de jóvenes —en varios casos menores de edad—, identificados de forma genérica como “sudamericanos”, sin que exista confirmación concluyente de su nacionalidad ni fundamento para atribuir los hechos a la comunidad ecuatoriana en su conjunto. Sin embargo, el foco del debate se desplaza desde la conducta de ese grupo específico hacia una colectividad mucho más amplia.

Este cambio de enfoque resulta especialmente problemático porque convierte un episodio puntual en un elemento de caracterización general. Las diferencias culturales en las formas de ocupar el espacio público —propias de los procesos migratorios y vinculadas a trayectorias, experiencias y contextos de origen diversos— pasan a interpretarse desde una lógica de orden público asociada implícitamente a una nacionalidad determinada. Como consecuencia, una comunidad de gran tamaño aparece, aunque sea de forma indirecta, como destinataria de medidas preventivas y correctivas construidas sobre un hecho cuyas circunstancias y responsables no han sido plenamente esclarecidos.

En ese contexto, el artículo propone fortalecer un “rapporto diretto e continuativo con il Consolato“, orientado a desarrollar campañas de información y sensibilización sobre normas de convivencia. Así planteada la situación, al Consulado se le asigna, en la práctica, un papel subordinado a las autoridades locales y a las fuerzas del orden: el de transmitir advertencias y promover la corrección de comportamientos atribuidos de manera general a la población ecuatoriana. Este planteamiento desdibuja la misión propia de la institución consular, cuyo cometido central es proteger los derechos e intereses de sus nacionales y contribuir a generar condiciones favorables para su integración.

Cuando una comunidad es objeto de una generalización basada en un hecho aislado, sin respaldo empírico ni apoyo en estudios especializados, se alimentan prejuicios y procesos de estigmatización colectiva de la población migrante. En ese contexto, la función consular debería consistir ante todo en la defensa de los derechos, la dignidad y la imagen de sus nacionales. Sin embargo, al asignársele un rol de mediador en ese marco, se limita su capacidad de ejercer plenamente esa función y se corre el riesgo de legitimar una narrativa estigmatizante.

Abordar los desafíos propios de la convivencia intercultural exige comprensión del fenómeno social de la migración, mediación y políticas de integración, no procesos de estigmatización colectiva. Conviene recordar que la relación entre Italia y Ecuador se ha caracterizado por una migración en doble vía y que Ecuador brindó durante décadas condiciones para la integración de miles de ciudadanos italianos. Del mismo modo, la comunidad ecuatoriana ha sido, en términos generales, bien acogida en Italia y su aporte al desarrollo económico y social del país es ampliamente reconocido. Esa realidad no puede quedar eclipsada por generalizaciones construidas a partir de hechos aislados que solo contribuyen a reforzar prejuicios y dificultar la convivencia.

Personas de Ecuador e Italia me han expresado su preocupación y malestar por la inadecuada respuesta consular, en sintonía con críticas expresadas en las redes sociales. Esa percepción no debería ser ignorada, porque expresa una inconformidad legítima frente a una reacción institucional que no estuvo a la altura de la gravedad del asunto.

La responsabilidad de un consulado no consiste únicamente en asistir a reuniones y difundir comunicados: consiste también en representar al Estado con criterio institucional y defender la dignidad de sus nacionales. Un asunto que compromete la imagen de decenas de miles de ciudadanos y de todo un país no debió quedar librado al criterio de un solo funcionario; debió consultarse y coordinarse con las más altas autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, así como con otros actores sociales.

Estas consideraciones no responden únicamente a una reflexión teórica. Durante mi gestión como cónsul general del Ecuador en Génova procuré impulsar un enfoque distinto, basado en la prevención, la participación de la comunidad y la cooperación con las instituciones y la sociedad italiana.

Consciente de que persistían importantes desafíos para la integración, durante mi gestión promoví un diálogo permanente con las autoridades italianas, del municipio y de la prefectura, con la policía, la academia, la sociedad civil y los propios miembros de la comunidad. Ya entonces señalé que ciertos comportamientos, como el consumo abusivo de alcohol en espacios públicos por parte de algunos jóvenes, debían entenderse como síntomas de un proceso de integración incompleto y no como motivos para estigmatizar a una comunidad entera. No se cuestiona la existencia del problema; lo que se cuestiona es la forma de interpretarlo, pues solo un diagnóstico adecuado permite actuar sobre sus causas.

A partir de esta preocupación se impulsó la iniciativa “Diviértete con límites”, surgida desde la propia comunidad y respaldada por el Consulado, orientada especialmente a los jóvenes con el objetivo de prevenir el consumo abusivo de alcohol y fomentar formas más responsables de convivencia en el espacio público.

En esa misma línea, promoví también una jornada de limpieza de la playa de Voltri, organizada en colaboración con AMIU, el Municipio Ponente y diversas asociaciones ecuatorianas, con el apoyo de empresas italianas como Mares y Cressi Sub. La actividad reunió a ciudadanos ecuatorianos e italianos, fue ampliamente difundida por la prensa local y presentada por las autoridades municipales como un ejemplo de educación ambiental, participación ciudadana e integración intercultural. Constituyó un motivo de orgullo para la comunidad ecuatoriana, al proyectar una imagen de compromiso cívico, cooperación e integración con la sociedad de acogida. Lamentablemente, este tipo de iniciativas no ha tenido continuidad, lo que pone de manifiesto la ausencia de una política sostenida de integración basada en proyectos concretos, permanentes y de largo plazo.

Con esa misma lógica de fortalecimiento comunitario e integración, impulsé también el proyecto del busto en homenaje a Luis Parodi Valverde, concebido no solo como un reconocimiento a su trayectoria, sino también como un símbolo de migración exitosa, identidad intercultural e integración entre Ecuador e Italia, mediante la creación de capital social, el fortalecimiento de la cohesión comunitaria y el orgullo compartido de ambas naciones.

Como he señalado en diversas ocasiones, dicho proyecto fue obstaculizado por el funcionario a cargo del Consulado, cuyas decisiones contradecían las instrucciones recibidas y dificultaban una gestión institucional acorde con los objetivos planteados. Con ocasión de ese proyecto, documenté formalmente ante el Ministerio las dificultades surgidas durante su ejecución y advertí sobre los efectos de una administración consular carente de visión estratégica, más orientada a la promoción personal que a la construcción de políticas duraderas de integración de la comunidad.

Asimismo, según me hicieron saber autoridades de carrera, su designación a Génova había sido cuestionada desde el inicio. Se trataba de un funcionario sobre el que ya existían observaciones previas en otras misiones y en la sede central, y cuya trayectoria había generado reparos en ámbitos institucionales. Entre esos antecedentes constaba una medida disciplinaria que determinó su retorno anticipado al Ecuador desde la Embajada en los Países Bajos, sanción que logró eludir. A ello se añade que, según la información disponible, recientemente habría completado el período ordinario de cinco años continuos de servicio en el exterior, tras el cual normalmente corresponde el retorno al país. Estas circunstancias ponen de relieve la importancia de que las normas que regulan la carrera diplomática y la permanencia del personal en el exterior se apliquen con criterios uniformes, transparentes y objetivos.

Esas advertencias no se tradujeron en medidas concretas. A mi juicio, ello pone de manifiesto que la calidad de la política hacia la diáspora depende también de la calidad profesional, ética y estratégica de quienes la ejecutan. No puede construirse una verdadera política de integración sin funcionarios seleccionados y evaluados con criterios de mérito, integridad, preparación profesional y vocación de servicio. Las limitaciones de ese modelo de gestión se reflejan hoy, a mi juicio, en una respuesta institucional que no ha logrado defender adecuadamente la dignidad y la imagen de la comunidad ecuatoriana frente a estos hechos.

Todo lo anterior remite a un problema estructural que he planteado desde hace varios años: la ausencia de una política de Estado moderna orientada hacia la integración de la diáspora ecuatoriana y la necesidad de una profunda reingeniería del Servicio Exterior, basada en la profesionalización, la despolitización y el mérito.

Lo que suele presentarse eufemísticamente como “integración” con frecuencia no son más que actividades conmemorativas organizadas exclusivamente entre ecuatorianos, de escaso impacto en los procesos reales de integración, sin una verdadera concepción antropológica ni interacción con la sociedad de acogida o con actores académicos locales, y que, en el caso de Génova, han terminado privilegiando la promoción personal sobre la construcción de políticas duraderas de integración. Se trata de una concepción clientelar y paternalista de la gestión consular, heredada de prácticas en las que la relación con la comunidad respondía más a intereses políticos y electorales que a una auténtica estrategia de inserción social.

Lo ocurrido con los jóvenes sudamericanos en Val Varenna debe entenderse como un síntoma de un proceso de integración incompleto que afecta a jóvenes migrantes de diversos países de América Latina, y no como una prueba de una supuesta propensión cultural al desorden de toda una colectividad. La respuesta no puede ser la estigmatización ni una estrategia centrada en advertencias y sanciones, sino la formulación de soluciones. Desde una perspectiva sociológica y antropológica, lo responsable es reconocer que detrás de ciertos comportamientos existen déficits de acompañamiento, ausencia de espacios de integración, fallas en la interlocución institucional y carencias en las políticas públicas dirigidas a las segundas generaciones y a los jóvenes migrantes. Lo grave no es solo que ocurran episodios de esta naturaleza; más grave aún es que, en lugar de abordarlos con seriedad, se los instrumentalice para reforzar prejuicios o para encubrir la ausencia de políticas públicas y de una gestión estratégica.

En definitiva, la integración no se construye atribuyendo a toda una comunidad la conducta de unos pocos, ni produciendo relatos sin sustento probatorio suficiente. El rechazo a la estigmatización colectiva de una comunidad por la conducta de una minoría constituye una premisa fundamental de todo proceso de integración. Sobre esa premisa, la integración se construye mediante políticas públicas sostenidas, instituciones sólidas, funcionarios preparados, íntegros y comprometidos con el servicio público, un diálogo permanente entre las autoridades y la comunidad, e iniciativas concretas capaces de prevenir la exclusión, fortalecer la cohesión social y contribuir a la construcción de una identidad intercultural compartida entre la comunidad migrante y la sociedad de acogida.

Esa tarea no corresponde solo al país de origen ni únicamente al país de acogida. Es una responsabilidad compartida que involucra también a la sociedad civil, a la propia diáspora, a la academia, a las organizaciones sociales, a los gobiernos locales y a la comunidad internacional. Todos tienen un papel que desempeñar en la construcción de entornos de integración reales, sostenibles y respetuosos de la dignidad humana.

El Ecuador necesita, con urgencia, una política exterior basada en una reflexión sociológica y ética que reconozca la necesidad de una verdadera integración de la comunidad migrante: una diplomacia de la diáspora, capaz de articular vínculos duraderos entre el país de origen y las sociedades de acogida, promoviendo la inclusión social, la construcción de una identidad intercultural compartida y actuando con anticipación, no solo en respuesta a las crisis. Esa política requiere instituciones sólidas y funcionarios seleccionados por su preparación profesional, sus altos estándares éticos y una auténtica vocación de servicio público, capaces de representar al Estado con criterio institucional, sensibilidad, integridad y visión estratégica. La integración de la diáspora no se construye desde la estigmatización, sino desde el reconocimiento mutuo, la cooperación institucional y la acción sostenida. Este es uno de los grandes desafíos pendientes de la política exterior ecuatoriana en el siglo XXI.